A la Comunidad Internacional Al Gobierno Federal A la Procuraduría General de la República A los movimientos sociales A las organiza...
A la Comunidad Internacional
Al Gobierno Federal
A la Procuraduría General de la República
A los movimientos sociales
A las organizaciones de la sociedad civil
A la opinión pública
Nosotros, la familia de Julio César Mondragón Fontes, normalista de Ayotzinapa asesinado el 26 de septiembre del 2014, repudiamos la forma en que la Procuraduría General de la República ha manejado las investigaciones en torno al homicidio de nuestro familiar. La PGR detuvo el 26 de febrero del 2015 al policía municipal de Iguala Luis Francisco Martínez Díaz, a quien le atribuye la responsabilidad directa y absoluta de la tortura y homicidio de Julio César. Esta versión ha sido ya difundida por medios de comunicación, que han tomado los dichos de la PGR como ciertos e incontrovertibles, a pesar de desconocer el cauce legal que sigue el caso.
Para nosotros ha pasado una eternidad desde que nuestro querido Julio César fue asesinado. Hemos esperado, pacientemente, respuestas por parte de la PGR y de las autoridades correspondientes, pero esas respuestas nunca han llegado. Nos damos cuenta de inconsistencias, omisiones y una total ausencia de investigación científica imparcial. La autoridad federal, por ignorancia o mala intención, y la tardía intervención del Poder Ejecutivo, han entorpecido las investigaciones. Por tanto, los hacemos corresponsables por participación u omisión en el homicidio. Turbiedades e incongruencias a lo largo de cinco meses nos han demostrado que no se cumple el Estado de Derecho que tanto pregona el presidente de México, Enrique Peña Nieto.
Acusamos a la PGR de cortar todo contacto con nosotros, los principales afectados, relativo a los avances de la investigación sobre el asesinato de Julio César, y de preferir a medios masivos de comunicación para anunciar los resultados de sus pesquisas, contraviniendo el Punto de Acuerdo Número Dos, pactado directamente con el Ejecutivo federal mexicano el 29 de octubre del 2014.
La PGR, con toda intención, nos ha hecho a un lado y ha dado un sesgo político al caso de Julio César para conseguir que sea cerrado lo más pronto posible. El modelo de actuación elegido por las autoridades está plagado de inconsistencias y sólo se alcanza a vislumbrar una respuesta al vapor vertida a la opinión pública aprovechando, incluso, el cambio de Jesús Murillo Karam al frente de la PGR.
Nosotros, Marisa Mendoza, esposa de Julio César; Lenin Mondragón, hermano de Julio César; Cuitláhuac Mondragón, tío de Julio César y la familia y amigos que representamos, hacemos del conocimiento público que la investigación se encuentra de la siguiente manera:
1. Su expediente está incompleto.
2. En Guerrero sólo existen dos averiguaciones previas, una por homicidio calificado y otra por delincuencia organizada, que no corresponden a la naturaleza de los sucesos.
3. Estas dos averiguaciones previas, para colmo, no tienen investigación ni seguimiento jurídico ético, serio y científico por parte del Estado y los familiares no hemos recibido una respuesta fundamentada.
El Gobierno Federal insistió hace un mes en dar por resuelto el caso Ayotzinapa, ante lo que los familiares de los normalistas ejecutados y de los desaparecidos ofrecimos diez razones por las que no podía cerrarse, siendo una de ellas “Porque la PGR ni hoy ni en ninguna otra conferencia ha aclarado como explica en su teoría del caso el cruento homicidio de Julio César Mondragón, cuyo joven cuerpo desollado fue encontrado en las inmediaciones de donde ocurrieron los hechos.”
Luego de 5 meses sin prestar la menor atención al esclarecimiento de la tortura y ejecución de Julio César Mondragón Fontes, ahora la PGR pretende dar por resuelto el crimen con una acción sumaria, efectista y de impacto mediático y, por tanto, dejar sin sustento una de las “Razones por las que no se puede cerrar el caso Ayotzinapa”. Sin embargo, esta pretensión es débil por cuanto las técnicas de tortura que fueron utilizadas para despojar a Julio de su rostro son enseñadas, mecanizadas y planificadas. Hay un entrenamiento en ello. La agresión que padeció el normalista no es producto del impulso individual ni pudo haber sido realizada por una sola persona.
La familia de Julio César Mondragón Fontes, normalista de Ayotzinapa asesinado el 26 de septiembre del 2014, exigimos a la PGR; a la Presidencia de la República; al presidente de México, Enrique Peña Nieto y a las autoridades involucradas en la investigación del homicidio, lo siguiente:
1. Que la PGR respete los acuerdos del 29 de octubre del 2014 y nos informe, primero que a nadie, sobre los resultados de sus investigaciones. Reiteramos nuestra inconformidad por la divulgación de esta información sin haberla puesto antes a nuestra consideración así como que la investigación se realice por el delito de homicidio calificado, cuando se trata de un acto de tortura y ejecución extrajudicial.
2. Que la PGR retome el caso de nuestro querido Julio César, pero esta vez lo haga con la técnica y la ciencia que hasta la fecha no ha querido o no ha podido aplicar en este desarrollo. La detención de Luis Francisco Martínez Díaz, quien se desempeñaba como policía municipal de Iguala no resuelve el crimen cometido contra Julio César Mondragón. Es la investigación seria y profunda así como el enjuiciamiento y la aportación de pruebas en el proceso penal, lo que llevará al esclarecimiento de los hechos y del grado de responsabilidad y participación que esta persona tiene en ellos.
3. Que acepte las observaciones de relatores y juristas de la Organización de las Naciones Unidas, que en concreto señalan la falta de ética, improvisación y desinterés de la justicia mexicana para los asesinatos y desapariciones de Ayotzinapa.
4. Que la justicia aplicada observe los estándares de los tribunales internacionales vigentes.
5. Que el daño sufrido por nuestra familia sea puntualmente reparado.
6. Que en nuestras leyes mexicanas sean revisadas de manera exhaustiva, clara y amplia los conceptos de desaparición forzada, ejecución extrajudicial y torturas. Y que cuando un gobierno cometa una violación a los derechos humanos sea castigado.
Lanzamos un llamado para que todos pongamos la mayor de las voluntades para formar un verdadero Estado de Derecho Mexicano, como lo establece la Constitución Política Mexicana. Sólo de esta manera se logrará la Concordia Nacional y con ella el progreso de todos. Justicia para todos los mexicanos víctimas, para Julio César Mondragón y sus dos compañeros ejecutados; para los heridos y los afectados por la desaparición de los 43, de quienes exigimos su aparición con vida.
Por último, exigimos que otras personas no sufran lo que nuestro joven enfrentó, pues de seguir con el mismo modelo, la impunidad permanecerá para siempre.
Que nunca más suceda.
Atentamente:
Marisa Mendoza, esposa de Julio César Mondragón Fontes; Lenin Mondragón, hermano de Julio César Mondragón Fontes; Cuitláhuac Mondragón, tío de Julio César Mondragón Fontes y la familia y amigos que representamos.
Al Gobierno Federal
A la Procuraduría General de la República
A los movimientos sociales
A las organizaciones de la sociedad civil
A la opinión pública
Nosotros, la familia de Julio César Mondragón Fontes, normalista de Ayotzinapa asesinado el 26 de septiembre del 2014, repudiamos la forma en que la Procuraduría General de la República ha manejado las investigaciones en torno al homicidio de nuestro familiar. La PGR detuvo el 26 de febrero del 2015 al policía municipal de Iguala Luis Francisco Martínez Díaz, a quien le atribuye la responsabilidad directa y absoluta de la tortura y homicidio de Julio César. Esta versión ha sido ya difundida por medios de comunicación, que han tomado los dichos de la PGR como ciertos e incontrovertibles, a pesar de desconocer el cauce legal que sigue el caso.
Para nosotros ha pasado una eternidad desde que nuestro querido Julio César fue asesinado. Hemos esperado, pacientemente, respuestas por parte de la PGR y de las autoridades correspondientes, pero esas respuestas nunca han llegado. Nos damos cuenta de inconsistencias, omisiones y una total ausencia de investigación científica imparcial. La autoridad federal, por ignorancia o mala intención, y la tardía intervención del Poder Ejecutivo, han entorpecido las investigaciones. Por tanto, los hacemos corresponsables por participación u omisión en el homicidio. Turbiedades e incongruencias a lo largo de cinco meses nos han demostrado que no se cumple el Estado de Derecho que tanto pregona el presidente de México, Enrique Peña Nieto.
Acusamos a la PGR de cortar todo contacto con nosotros, los principales afectados, relativo a los avances de la investigación sobre el asesinato de Julio César, y de preferir a medios masivos de comunicación para anunciar los resultados de sus pesquisas, contraviniendo el Punto de Acuerdo Número Dos, pactado directamente con el Ejecutivo federal mexicano el 29 de octubre del 2014.
La PGR, con toda intención, nos ha hecho a un lado y ha dado un sesgo político al caso de Julio César para conseguir que sea cerrado lo más pronto posible. El modelo de actuación elegido por las autoridades está plagado de inconsistencias y sólo se alcanza a vislumbrar una respuesta al vapor vertida a la opinión pública aprovechando, incluso, el cambio de Jesús Murillo Karam al frente de la PGR.
Nosotros, Marisa Mendoza, esposa de Julio César; Lenin Mondragón, hermano de Julio César; Cuitláhuac Mondragón, tío de Julio César y la familia y amigos que representamos, hacemos del conocimiento público que la investigación se encuentra de la siguiente manera:
1. Su expediente está incompleto.
2. En Guerrero sólo existen dos averiguaciones previas, una por homicidio calificado y otra por delincuencia organizada, que no corresponden a la naturaleza de los sucesos.
3. Estas dos averiguaciones previas, para colmo, no tienen investigación ni seguimiento jurídico ético, serio y científico por parte del Estado y los familiares no hemos recibido una respuesta fundamentada.
El Gobierno Federal insistió hace un mes en dar por resuelto el caso Ayotzinapa, ante lo que los familiares de los normalistas ejecutados y de los desaparecidos ofrecimos diez razones por las que no podía cerrarse, siendo una de ellas “Porque la PGR ni hoy ni en ninguna otra conferencia ha aclarado como explica en su teoría del caso el cruento homicidio de Julio César Mondragón, cuyo joven cuerpo desollado fue encontrado en las inmediaciones de donde ocurrieron los hechos.”
Luego de 5 meses sin prestar la menor atención al esclarecimiento de la tortura y ejecución de Julio César Mondragón Fontes, ahora la PGR pretende dar por resuelto el crimen con una acción sumaria, efectista y de impacto mediático y, por tanto, dejar sin sustento una de las “Razones por las que no se puede cerrar el caso Ayotzinapa”. Sin embargo, esta pretensión es débil por cuanto las técnicas de tortura que fueron utilizadas para despojar a Julio de su rostro son enseñadas, mecanizadas y planificadas. Hay un entrenamiento en ello. La agresión que padeció el normalista no es producto del impulso individual ni pudo haber sido realizada por una sola persona.
La familia de Julio César Mondragón Fontes, normalista de Ayotzinapa asesinado el 26 de septiembre del 2014, exigimos a la PGR; a la Presidencia de la República; al presidente de México, Enrique Peña Nieto y a las autoridades involucradas en la investigación del homicidio, lo siguiente:
1. Que la PGR respete los acuerdos del 29 de octubre del 2014 y nos informe, primero que a nadie, sobre los resultados de sus investigaciones. Reiteramos nuestra inconformidad por la divulgación de esta información sin haberla puesto antes a nuestra consideración así como que la investigación se realice por el delito de homicidio calificado, cuando se trata de un acto de tortura y ejecución extrajudicial.
2. Que la PGR retome el caso de nuestro querido Julio César, pero esta vez lo haga con la técnica y la ciencia que hasta la fecha no ha querido o no ha podido aplicar en este desarrollo. La detención de Luis Francisco Martínez Díaz, quien se desempeñaba como policía municipal de Iguala no resuelve el crimen cometido contra Julio César Mondragón. Es la investigación seria y profunda así como el enjuiciamiento y la aportación de pruebas en el proceso penal, lo que llevará al esclarecimiento de los hechos y del grado de responsabilidad y participación que esta persona tiene en ellos.
3. Que acepte las observaciones de relatores y juristas de la Organización de las Naciones Unidas, que en concreto señalan la falta de ética, improvisación y desinterés de la justicia mexicana para los asesinatos y desapariciones de Ayotzinapa.
4. Que la justicia aplicada observe los estándares de los tribunales internacionales vigentes.
5. Que el daño sufrido por nuestra familia sea puntualmente reparado.
6. Que en nuestras leyes mexicanas sean revisadas de manera exhaustiva, clara y amplia los conceptos de desaparición forzada, ejecución extrajudicial y torturas. Y que cuando un gobierno cometa una violación a los derechos humanos sea castigado.
Lanzamos un llamado para que todos pongamos la mayor de las voluntades para formar un verdadero Estado de Derecho Mexicano, como lo establece la Constitución Política Mexicana. Sólo de esta manera se logrará la Concordia Nacional y con ella el progreso de todos. Justicia para todos los mexicanos víctimas, para Julio César Mondragón y sus dos compañeros ejecutados; para los heridos y los afectados por la desaparición de los 43, de quienes exigimos su aparición con vida.
Por último, exigimos que otras personas no sufran lo que nuestro joven enfrentó, pues de seguir con el mismo modelo, la impunidad permanecerá para siempre.
Que nunca más suceda.
Atentamente:
Marisa Mendoza, esposa de Julio César Mondragón Fontes; Lenin Mondragón, hermano de Julio César Mondragón Fontes; Cuitláhuac Mondragón, tío de Julio César Mondragón Fontes y la familia y amigos que representamos.
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