Guatemala le ha dado una gran lección a México sobre cómo enfrentar la corrupción y la impunidad cuando llega a los más altos niveles del go...
Guatemala le ha dado una gran lección a México sobre cómo enfrentar la corrupción y la impunidad cuando llega a los más altos niveles del gobierno. Pero el gobierno de Enrique Peña Nieto se ha vuelto a esconder y prefiere investigarse a sí mismo. Eso no sirve.
En el caso de Guatemala, primero hay que hablar de los indignados. Miles de guatemaltecos que pacífica y disciplinadamente protestaron durante meses en las calles y en las plazas públicas hasta que el Presidente, Otto Pérez Molina, y la vicepresidenta, Roxana Baldetti, fueron obligados a renunciar por denuncias de corrupción.
México también tiene a muchos indignados por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa y por el evidente conflicto de interés (por parte de la pareja presidencial) en la compra de una casa de siete millones de dólares -la llamada "Casa Blanca"- a un contratista del gobierno. Entonces ¿por qué en Guatemala sí hubo justicia y en México no? La respuesta es sencilla: porque en Guatemala las investigaciones fueron lideradas por un organismo internacional y en México no.
Iván Velásquez es el hombre que tumbó al presidente de Guatemala. Él está al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Esta comisión se creó gracias a un acuerdo entre Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala. ¿Y por qué no hacemos lo mismo en México?
Le pregunté en una entrevista al abogado colombiano, Iván Velásquez, si podría ir a México a investigar casos específicos de corrupción e impunidad, como la "Casa Blanca" y la desaparición de los 43 normalistas. "Naturalmente que esto depende de convenciones entre el país correspondiente y el secretario general de Naciones Unidas", me dijo con su voz imperturbable, sus lentes y su barba gris casi sin moverse.
Luego me explicó las ventajas de una comisión como la suya. "Lo que ocurre es que esta comisión tiene una gran ventaja de absoluta independencia", me dijo quien se dio a conocer en su país, Colombia, por iniciar investigaciones que culminaron con denuncias a decenas de congresistas por actividades paramilitares. "(La comisión) no tiene nexos con ningún factor de poder, dentro o fuera del Estado; eso garantiza que pueda producir investigaciones más independientes y de mayor profundidad".
Ese no fue el caso de la investigación por la "Casa Blanca" en México. Esa la realizó un subordinado del Presidente, Virgilio Andrade. Y como era de esperarse, absolvió al Presidente y a su esposa, Angélica Rivera, de una operación altamente sospechosa e irregular. Si de verdad Los Pinos no tiene nada que ocultar, ¿por qué no le piden a Naciones Unidas que haga su propia investigación independiente sobre la "Casa Blanca" y la del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en Malinalco?
La misma sospecha existe sobre la investigación gubernamental por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. La investigación oficial del gobierno de Peña Nieto -que sugería que los estudiantes fueron incinerados en un basurero público de Cocula, Guerrero- ha sido totalmente desmentida por cinco expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, dependiente de la OEA).
Además, los expertos independientes -retando las conclusiones falseadas del gobierno- aseguran que la policía y el Ejército mexicano participaron en la desaparición de los estudiantes. Por lo tanto -proponen- hay que seguir buscándolos.
Las investigaciones de la CIDH nos llevan a las siguientes conclusiones: la "verdad histórica" que presentó el gobierno mexicano sobre el caso Ayotzinapa es falsa, el gobierno no se puede investigar a sí mismo y, ante la falta de credibilidad de las autoridades, es necesario que organismos internacionales se involucren. Lo mismo se aplica al caso de la "Casa Blanca".
Si México quiere seguir el gran ejemplo de Guatemala -y debería- es preciso dejar a un lado el absurdo nacionalismo y las excusas legales para permitir que expertos internacionales e independientes investiguen la corrupción y la impunidad. Esa es la única manera de recuperar la confianza de los mexicanos.
¿Cómo mide el éxito?, le pregunté antes de despedirme a Iván Velásquez. "El éxito hay que medirlo en la desarticulación de las estructuras criminales que existen en Guatemala", me dijo, "y que desafortunadamente existen también en muchos países de América Latina".
Pregunta urgente: ¿quién se atreve a invitar a Iván Velásquez a México?
En el caso de Guatemala, primero hay que hablar de los indignados. Miles de guatemaltecos que pacífica y disciplinadamente protestaron durante meses en las calles y en las plazas públicas hasta que el Presidente, Otto Pérez Molina, y la vicepresidenta, Roxana Baldetti, fueron obligados a renunciar por denuncias de corrupción.
México también tiene a muchos indignados por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa y por el evidente conflicto de interés (por parte de la pareja presidencial) en la compra de una casa de siete millones de dólares -la llamada "Casa Blanca"- a un contratista del gobierno. Entonces ¿por qué en Guatemala sí hubo justicia y en México no? La respuesta es sencilla: porque en Guatemala las investigaciones fueron lideradas por un organismo internacional y en México no.
Iván Velásquez es el hombre que tumbó al presidente de Guatemala. Él está al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Esta comisión se creó gracias a un acuerdo entre Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala. ¿Y por qué no hacemos lo mismo en México?
Le pregunté en una entrevista al abogado colombiano, Iván Velásquez, si podría ir a México a investigar casos específicos de corrupción e impunidad, como la "Casa Blanca" y la desaparición de los 43 normalistas. "Naturalmente que esto depende de convenciones entre el país correspondiente y el secretario general de Naciones Unidas", me dijo con su voz imperturbable, sus lentes y su barba gris casi sin moverse.
Luego me explicó las ventajas de una comisión como la suya. "Lo que ocurre es que esta comisión tiene una gran ventaja de absoluta independencia", me dijo quien se dio a conocer en su país, Colombia, por iniciar investigaciones que culminaron con denuncias a decenas de congresistas por actividades paramilitares. "(La comisión) no tiene nexos con ningún factor de poder, dentro o fuera del Estado; eso garantiza que pueda producir investigaciones más independientes y de mayor profundidad".
Ese no fue el caso de la investigación por la "Casa Blanca" en México. Esa la realizó un subordinado del Presidente, Virgilio Andrade. Y como era de esperarse, absolvió al Presidente y a su esposa, Angélica Rivera, de una operación altamente sospechosa e irregular. Si de verdad Los Pinos no tiene nada que ocultar, ¿por qué no le piden a Naciones Unidas que haga su propia investigación independiente sobre la "Casa Blanca" y la del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en Malinalco?
La misma sospecha existe sobre la investigación gubernamental por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. La investigación oficial del gobierno de Peña Nieto -que sugería que los estudiantes fueron incinerados en un basurero público de Cocula, Guerrero- ha sido totalmente desmentida por cinco expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, dependiente de la OEA).
Además, los expertos independientes -retando las conclusiones falseadas del gobierno- aseguran que la policía y el Ejército mexicano participaron en la desaparición de los estudiantes. Por lo tanto -proponen- hay que seguir buscándolos.
Las investigaciones de la CIDH nos llevan a las siguientes conclusiones: la "verdad histórica" que presentó el gobierno mexicano sobre el caso Ayotzinapa es falsa, el gobierno no se puede investigar a sí mismo y, ante la falta de credibilidad de las autoridades, es necesario que organismos internacionales se involucren. Lo mismo se aplica al caso de la "Casa Blanca".
Si México quiere seguir el gran ejemplo de Guatemala -y debería- es preciso dejar a un lado el absurdo nacionalismo y las excusas legales para permitir que expertos internacionales e independientes investiguen la corrupción y la impunidad. Esa es la única manera de recuperar la confianza de los mexicanos.
¿Cómo mide el éxito?, le pregunté antes de despedirme a Iván Velásquez. "El éxito hay que medirlo en la desarticulación de las estructuras criminales que existen en Guatemala", me dijo, "y que desafortunadamente existen también en muchos países de América Latina".
Pregunta urgente: ¿quién se atreve a invitar a Iván Velásquez a México?
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